El Gobierno nacional dispuso el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte”, con más de 130 años de antigüedad. Las políticas de vaciamiento en el ámbito público llegan así a la salud mental, provocando despidos y el abandono de miles de pacientes. El Bonaparte cuenta con 650 trabajadores, 9300 atendidos en el hospital por día; solo este año, más de 98.000 pacientes recibieron atención, muchos de ellos menores.
Encubierto como una “reestructuración”, el plan del Gobierno implica el cierre de servicios clave en el Bonaparte, que pone en peligro a miles de personas en situación vulnerable. Se trata de un centro único en Argentina y especializado en salud mental y adicciones. La defensa del Gobierno alega baja productividad, pero los trabajadores refutan las cifras y denuncian la precarización laboral, con salarios por debajo de la pobreza y contratos trimestrales.
Pacientes y profesionales alertan sobre la pérdida de un modelo integral de atención que combina hospitalización, consultas ambulatorias y apoyo comunitario, esencial para quienes no tienen otras opciones en el sistema de salud. El desmantelamiento del Bonaparte no solo afecta a sus pacientes, sino también a la formación de profesionales en salud mental.
El gobierno nacional y el ataque a la salud pública
El ataque libertario es tal que en el Hospital Garrahan se llegó al insólito despido de los miembros del Consejo de Administración luego de haber otorgado un bono mínimo de 500 mil pesos para la planta de trabajadores. El despido se dio por decisión del flamante ministro de Salud, Mario Lugones.
