El ex intendente de Hurlingham autorizó con su firma, cuando era ministro, un total de 500 mil millones de pesos para obras que nunca se hicieron. También quedó implicado en una sospechada compra de medicamentos oncológicos. Sandra Petovello denunció que durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Social se realizaron “negocios imperdonables”.
Juanchi Zabaleta está muy preocupado y tiene con qué. El Fondo para la Integración Socio Urbana, más conocido como FISU, es una bomba de tiempo que amenaza con hundirlo todo. El oscuro fondo era un instrumento para hacer “caja política” en modo mayorista: se estima que por él pasaron más de 1200 millones de dólares. La mecánica era simple, se transfería fondos para obras en distintos municipios, se comenzaban las obras, se retiraba el dinero y las obras nunca se terminaban.
Las cifras son por demás obscenas. Según una reciente auditoría, el FISU tuvo a cargo en el período en que Zabaleta ministro de Desarrollo Social más de 1.200 obras en distintos barrios populares, por un total de casi 500 mil millones de pesos. O sea, unos 500 millones de dólares. El FISU fue eliminado recientemente por Javier Milei “por la guita que se chorearon”, según dijo a los medios. Lo cierto es que de avanzar esta denuncia contra el ex intendente de Hurlingham, estaríamos ante un nuevo “Yategate” de dimensiones nunca vistas. “Se robaron un estadio de Qatar 2022”, confesó una fuente del ex-MDSN, alegando que la suma es equivalente al valor de los costosísimos estadios que se construyeron para el último mundial.
El escándalo en Desarrollo Social
Pero la preocupación de Zabaleta no termina en el FISU. A la par, la compra de medicamentos oncológicos por sumas millonarias durante su gestión en Desarrollo Social es otro escándalo que lo involucra. Según la denuncia bajo la investigación del juez Julián Ercolini, estas compras se justificaban como una medida para acelerar el acceso a medicamentos costosos para los sectores más vulnerables, pero en realidad encubrían el desvío de una partida anual de 38 mil millones de pesos. Estas compras se realizaban sin licitación y con presupuestos no firmados, a través de correos electrónicos, y en algunos casos, se pagaban en efectivo.
La ministra Sandra Pettovello descubrió graves irregularidades en la DADSE, que anteriormente estaba bajo la órbita del ex presidente Alberto Fernández y ahora está dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dirigida por Pablo de la Torre. Una auditoría reveló prácticas irregulares que podrían constituir delitos penales, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal por parte de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, remitida al juzgado de Julián Ercolini, por presuntos delitos que incluyen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
